A través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, el gobierno libertario de Javier Milei busca entregar a operadores privados el dragado y balizamiento del principal corredor exportador argentino por un cuarto de siglo. El proceso, regulado por la Resolución 67/2025, abarca más de 1.400 kilómetros de la red hídrica y ha quedado concentrado en dos corporaciones de origen belga. El llamado reabre una discusión profunda respecto a los riesgos de elusión fiscal de las multinacionales agrícolas y la falta de estudios ambientales integrales denunciada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.
EL ALCANCE DEL LLAMADO Y LOS OPERADORES PRECALIFICADOS
El relanzamiento de la concesión para la Vía Navegable Troncal (VNT), oficializado mediante la Resolución 67/2025 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, busca reemplazar el frustrado proceso licitatorio de 2024, el cual fue anulado tras recibir una única oferta comercial. La nueva convocatoria abarca un trazado crítico de más de 1.400 kilómetros, extendiéndose desde la confluencia del río Paraná hasta el canal Punta Indio en el Río de la Plata. Por esta ruta fluvial circula más del 80% de las exportaciones físicas de Argentina y registra el tránsito de aproximadamente 4.500 buques oceánicos por año.
Para la fase actual del concurso, han quedado precalificadas dos corporaciones de origen belga que forman parte del reducido oligopolio que domina el mercado mundial del dragado:
- Jan De Nul: La firma compite asociada con la empresa argentina Servimagnus. Posee un peso histórico indiscutible en el río Paraná, habiendo controlado la hidrovía durante 25 años en alianza con Emepa y manteniendo la continuidad operativa posterior a 2021 mediante contrataciones transitorias con el Estado argentino. A nivel global, opera en más de 150 países, cuenta con 7.000 empleados y factura cerca de USD 3.000 millones anuales.
- DEME Group: Consiste en el otro gigante europeo de infraestructura marítima que completó las exigencias técnicas de precalificación, disputando de forma directa el control del mantenimiento del corredor logístico.
ADVERTENCIAS POR CONCENTRACIÓN Y ANTECEDENTES CORPORATIVOS
El retorno de los mismos actores internacionales al control de la principal vía de salida del comercio exterior argentino ha generado severos cuestionamientos sectoriales. El informe técnico “Obligados por la Vuelta”, desarrollado por los especialistas del Centro de Estudios Agrarios (CEA), detalla que la firma Jan De Nul acarrea antecedentes polémicos a nivel internacional que incluyen denuncias y condenes por hechos de corrupción en países como Bélgica, Ucrania y Panamá.
En el ámbito estrictamente local, el documento del CEA recuerda la controversia ocurrida en 2019 en el puerto de Bahía Blanca, donde Jan De Nul impugnó judicialmente el concurso de dragado en el que competía contra la unión transitoria conformada por la neerlandesa Van Oord y la firma Dragado y Obras Portuarias S.A. (DyOSA), logrando finalmente quedarse con dicha adjudicación tras el litigio.
EL IMPACTO EN LAS DIVISAS Y EL CONTROL LOGÍSTICO AGRARIO
El nudo estratégico de la disputa excede las tareas de ingeniería civil portuaria y se traslada al control del flujo de divisas del Cono Sur, donde circulan los granos, aceites y harinas que sostienen los ingresos del país. El análisis de Fernando Rizza advierte sobre el preocupante nivel de extranjerización del comercio: de las diez principales firmas agroexportadoras que operan los muelles e instalaciones del Paraná, solo tres son de capitales argentinos.
Estas corporaciones transnacionales concentraron el 90,5% de las exportaciones agroalimentarias durante la campaña comercial 2025-2026, lo que enciende alarmas respecto al comercio intrafirma y los riesgos de evasión fiscal.
“Según un estudio presentado por el Instituto WIDER, dependiente de Naciones Unidas, en 2017 la Argentina figuraba entre los cinco países del mundo con mayor pérdida de ingresos fiscales a manos de las empresas transnacionales. Solo la superaban, en términos absolutos, Estados Unidos, China, India y Japón, países con un PIB considerablemente mayor. El impacto en la recaudación de las prácticas fiscales nocivas de las ETN equivalía en la Argentina a USD 21.000 millones anuales”. — Datos extraídos del informe del Centro de Estudios Agrarios (CEA).
OBJECIONES DE LA PROCURADURÍA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS
El avance del pliego impulsado por el gobierno libertario enfrenta duros cuestionamientos legales dentro de los propios organismos de control del Estado argentino. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) emitió un dictamen técnico en el que señala la existencia de “serias y evidentes irregularidades” dentro del proceso de confección de la licitacion de la VNT.
Entre las principales anomalías detectadas por el organismo fiscalizador se destacan:
- Déficit en materia ecológica: Ausencia total de estudios de impacto ambiental de carácter integral que evalúen de forma sistémica las consecuencias del dragado profundo sobre la naturaleza del río.
- Restricciones de transparencia: Severas deficiencias y trabas en el acceso a la información pública respecto a las condiciones técnicas del llamado.
- Debilidad en los mecanismos de ponderación: Observaciones críticas sobre los métodos y criterios de evaluación aplicados para calificar las ofertas presentadas por los consorcios.
