Tras permanecer delegada durante once años y haber sido frenada en 2023, la Cámara Federal de Rosario ordenó avanzar con los llamados a declaración indagatoria en el marco de la investigación contra la firma agroquímica Atanor S.A. Los directivos de la planta de San Nicolás y altos cargos de organismos ambientales provinciales son apuntados por el vuelco de efluentes líquidos contaminantes, escapes de gas y tendidos clandestinos en las barrancas del río Paraná. Los peritajes químicos detectaron la presencia de potentes agroquímicos prohibidos por la Ley de Residuos Peligrosos.
EL ORIGEN DE LA CAUSA Y LA INTERVENCIÓN DE LA CÁMARA
La causa judicial por la degradación ambiental del río Paraná cobró un drástico impulso institucional luego de que la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario hiciera lugar a las apelaciones presentadas por la fiscalía y la querella. El expediente, que acumula más de diez años en curso, se inició originalmente en 2014 a raíz de las denuncias radicadas por un grupo de vecinos de San Nicolás de los Arroyos, específicamente de los barrios Química y Ponce de León. Los residentes exigían una investigación penal sobre las operaciones de la planta local de Atanor S.A., una firma dedicada a la producción y comercialización de insumos para la protección de cultivos.
De acuerdo con las denuncias de los damnificados, la planta industrial generaba escapes de gas, vertía efluentes líquidos nocivos de forma directa al río Paraná, operaba cañerías clandestinas y enterraba residuos tóxicos en las barrancas del río, regando el terreno con líquidos contaminados. Aunque el fiscal federal Matías Di Lello, titular de la Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás, había solicitado los llamados a indagatoria en mayo de 2023, el juez de primera instancia, Carlos Villafuerte Ruzo, decidió congelar la medida en octubre de ese mismo año. Frente a este letargo, la jueza de Cámara Silvina María Andalaf Casiello resolvió destrabar el proceso, advirtiendo con dureza que la instrucción del caso permaneció delegada de forma incomprensible durante once años sin que el magistrado a cargo la reasumiera.
RESPONSABILIDADES CORPORATIVAS Y COMPUESTOS QUÍMICOS DETECTADOS
El dictamen del Ministerio Público Fiscal responsabiliza formalmente a los representantes de Atanor S.A. de haber contaminado el curso del río Paraná, sus barrancas, el suelo y el aire circundante de manera sostenida (con un corte temporal fijado en el peritaje hasta el 16 de julio de 2020). La fiscalía determinó que la firma esparció partículas tóxicas en el ambiente y volcó efluentes líquidos con residuos peligrosos categorizados.
Tras las denuncias ciudadanas, las autoridades judiciales ordenaron una serie de análisis químicos sobre los componentes del entorno hídrico, arrojando resultados alarmantes:
- En el agua: Se detectaron concentraciones de atrazina.
- En el suelo: Se constató la presencia de cipermetrina y trifluralina.
Estos tres compuestos químicos están catalogados legalmente como desechos estrictamente prohibidos bajo los lineamientos de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos. El fiscal Di Lello afirmó que dilatar estas citaciones frente al cúmulo probatorio existente constituía un “sobreseimiento ficto” que frustraba los fines de la justicia.
IMPUTACIONES A FUNCIONARIOS DE CONTROL AMBIENTAL
El avance judicial no se limita exclusivamente a los ejecutivos de la compañía química, sino que alcanza a los funcionarios públicos encargados de velar por la preservación de los recursos naturales y la salud de la población. Las citaciones a indagatoria dispuestas por el tribunal de alzada alcanzan a dos organismos de fiscalización del Estado:
- Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS): Se ordenó indagar a cinco de sus directores ejecutivos. La fiscalía argumenta que incumplieron deliberadamente con la misión institucional de fiscalizar, ejecutar la política ambiental y desarrollar las acciones de control pertinentes sobre elementos contaminantes.
- Autoridad del Agua (ADA): Se citó a declarar a tres de sus presidentes. Se les atribuye violar las obligaciones del Código de Aguas, omitiendo la supervisión y vigilancia de la evacuación y conservación del recurso hídrico. El fiscal concluyó que los funcionarios se abstuvieron de actuar de forma consciente para proteger el medio ambiente del impacto dañoso de la planta.
ANTECEDENTES RECIENTES: EL SINIESTRO EN LA PLANTA INDUSTRIAL
La preocupación de la comunidad de San Nicolás respecto a la seguridad de la planta química se intensificó significativamente tras un grave incidente operativo ocurrido en el mes de marzo del año posterior al freno judicial. Durante la madrugada, se registraron una serie de explosiones en el predio fabril debido a un incremento desmedido de presión en el proceso de síntesis química de la atrazina.
La falla técnica provocó la ruptura de la tapa del reactor afectado, desencadenando un violento incendio en el sector de aminación de la planta que demandó el despliegue de las dotaciones de bomberos de San Nicolás y Ramallo. Debido a la liberación brusca de presión, se generó una masiva emanación de gases propios del proceso productivo y nubes de combustión ácida, lo que obligó a las autoridades a alertar por riesgo severo de intoxicación en los barrios periféricos.
