Las definiciones técnico-administrativas adoptadas para delegar la gestión operativa del río Paraná a consorcios privados han reabierto el debate político en la Cuenca del Plata. Mientras las autoridades de la terminal receptora avanzan con el cronograma licitatorio ejerciendo sus facultades jurisdiccionales, las cámaras navieras y estamentos oficiales del país mediterráneo expresan su preocupación por la falta de un mecanismo de consulta previa, alertando que un esquema de peaje unilateral a largo plazo compromete la competitividad de la segunda mayor flota de barcazas del mundo.
EL NÚCLEO DE LA CONTROVERSIA BILATERAL
El destino operativo y la arquitectura de costos de la Vía Navegable Troncal (VNT) se consolidan como uno de los puntos más complejos de la agenda diplomática bilateral. El paso firme hacia una concesión privada extendida —que proyecta un horizonte contractual de hasta 25 años para las tareas de dragado y balizamiento— ha generado visiones encontradas entre las administraciones de Argentina y Paraguay, evidenciando las asimetrías de interés entre una nación que controla los tramos inferiores soberanos y una economía mediterránea que depende del río para canalizar el 80% de su comercio exterior.
El malestar en el sector armador y productivo paraguayo no radica en la necesidad técnica de las obras de mantenimiento —las cuales se consideran indispensables para mitigar las bajantes estacionales—, sino en el modelo de gobernanza implementado. Los gremios de la marina mercante argumentan que la estructuración de las tarifas de peaje y la fijación de las condiciones operativas de los pliegos se ejecutan de manera unilateral, eludiendo las instancias de concertación multilateral contempladas en los tratados de la cuenca.
SOBERANÍA E INFRAESTRUCTURA EN DISPUTA
La tensión se alimenta de dos posturas jurídicas y prácticas que colisionan en las mesas de negociación:
- La Postura del Estado Concedente: Defiende de forma irrestricta su soberanía territorial para administrar y licitar los tramos hídricos que corren bajo su exclusiva jurisdicción, sosteniendo que las millonarias inversiones de capital requeridas para profundizar los canales deben ser costeadas de forma directa por los usuarios comerciales de la ruta mediante el pago de tasas específicas de retribución.
- El Reclamo del País Mediterráneo: Si bien reconoce las competencias jurisdiccionales, exige que cualquier imposición arancelaria o peaje se fundamente en la contraprestación de un servicio real, medible y previamente auditado por comisiones técnicas mixtas, impidiendo que los costos del flete se eleven por decisiones ajenas al consenso regional.
“La libre navegación y la igualdad de banderas perdiendo terreno frente a la urgencia recaudatoria o corporativa desvirtúa el espíritu integrador de los tratados fluviales. Necesitamos previsibilidad en los calados, pero bajo reglas claras, consensuadas y transparentes”. — Posicionamiento de referentes del Comité de Armadores Fluviales.
Desde la dirección técnica de Mundo Fluvial Marítimo, analizamos los riesgos de esta parálisis diplomática sobre la cadena de valor:
- Falta de Certeza en los Contratos de Flete: La incertidumbre sobre el valor final del peaje que fijará el nuevo concesionario privado dificulta a las navieras cotizar los contratos de transporte de largo plazo para graneles agrícolas y combustibles.
- Riesgo de Litigios Internacionales: De profundizarse las asimetrías normativas, el conflicto podría escalar nuevamente hacia los tribunales del Mercosur o forzar la aplicación de medidas de reciprocidad en los tramos superiores del río Paraguay, complejizando el tránsito fronterizo de las flotas en este 2026.
