A través de un crítico informe técnico sectorial que sacudió la agenda del transporte por agua, las principales compañías navieras destrozaron el proyecto de desregulación impulsado por la administración de Javier Milei y el ministro Federico Sturzenegger. El documento advierte que una apertura sin salvaguardas del cabotaje marítimo y fluvial arrastrará la pérdida de soberanía en el Atlántico Sur, el desmantelamiento de los talleres navales locales y un efecto dominó que golpeará de forma directa a las economías regionales.
EL POSICIONAMIENTO DE LAS NAVIERAS ANTE EL IMPACTO FISCAL
El sector empresarial armador y las compañías navieras han decidido abandonar la neutralidad para fijar un posicionamiento drástico ante el avance del esquema de desregulación de la Marina Mercante y la liberación del tráfico de cabotaje. Las principales empresas hicieron circular un detallado documento técnico que analiza las consecuencias macroeconómicas de abrir los tráficos interiores a buques bajo registros extranjeros sin ningún tipo de protección arancelaria o legal.
El primer eje de alarma encendido por las navieras apunta al desfinanciamiento público y la erosión impositiva. Según concluye el trabajo pericial del sector, la medida legislativa generará importantes pérdidas en la recaudación fiscal del Estado nacional. Al permitirse que buques de banderas de conveniencia o flotas extranjeras subsidiadas absorban los tráficos logísticos entre puertos argentinos, se desplaza a las sociedades comerciales locales que tributan en el país, transfiriendo la rentabilidad operativa hacia el exterior y privando al fisco de ingresos estratégicos en concepto de tasas, contribuciones y cargas de seguridad social.
2. LA DESTRUCCIÓN DEL EMPLEO Y EL EFECTO MULTIPLICADOR REGIONAL
El documento de las corporaciones navieras pone especial énfasis en el impacto social de la reforma, alertando sobre una inminente destrucción de puestos de trabajo altamente calificados en las tripulaciones y mandos de a bordo. La sustitución de mano de obra local por tripulaciones extranjeras bajo legislaciones laborales laxas precarizará la actividad náutica. Sin embargo, el informe advierte que el verdadero daño se expandirá por tierra debido al efecto multiplicador del sector:
“Cada empleo directo generado en el sector de la marina mercante nacional genera entre tres y cinco puestos de trabajo indirectos en actividades vinculadas, tales como la logística portuaria, los talleres navales, los servicios de seguros y las prestaciones especializadas”. — Estracto del informe técnico distribuido por las empresas navieras comerciales.
Por consiguiente, el desmantelamiento de la flota de bandera nacional arrastrará de forma inmediata una contracción del consumo y el empleo en numerosas economías regionales que dependen de la cadena de valor que se articula alrededor de los nodos portuarios del litoral fluvial y marítimo argentino.
DEBILITAMIENTO DE LA INDUSTRIA NAVAL Y VULNERABILIDAD GEOPOLÍTICA
El tercer pilar del rechazo naviero se concentra en el colapso de la industria naval pesada y liviana. Al no existir la obligación legal de realizar el cabotaje con unidades de bandera argentina, se corta el cordón umbilical de pedidos, reparaciones y mantenimiento que sostiene la actividad de los astilleros y talleres metalúrgicos locales. El sector privado advierte que la pérdida de estas capacidades industriales autónomas es irreversible a mediano plazo, dejando al país en una situación de absoluta dependencia tecnológica externa para mantener operativas sus vías de transporte esenciales.
Asimismo, el informe introduce una seria preocupación de índole geopolítica y de soberanía nacional en el Atlántico Sur. Las empresas advierten que flexibilizar al extremo las condiciones de ingreso al cabotaje comercial puede abrir la puerta para que mega-corporaciones extranjeras fuertemente subsidiadas por sus estados de origen —como las grandes líneas navieras de la República Popular China— concentren y monopolicen el cabotaje interior argentino de forma permanente. Este escenario no solo debilitaría el control y la fiscalización del Estado sobre el comercio interior, sino que encendería alarmas estratégicas en potencias internacionales y organismos de seguridad hemisférica.
