El Ministerio de Economía argentino destrabó la fase técnica clave para el futuro de la Vía Navegable Troncal. La propuesta conjunta de la corporación belga y la firma local obtuvo 66.20 puntos frente a las 42.14 unidades logradas por DEME NV. El dictamen oficial contempla un ahorro operativo del 15%, el despliegue de tecnología de monitoreo provista por firmas norteamericanas y el rechazo por parte de la justicia federal de un amparo ambiental colectivo que pretendía paralizar el concurso internacional.
EL DESENLACE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA
El proceso de privatización de largo plazo de la Vía Navegable Troncal (VNT) —columna vertebral del comercio exterior en el Cono Sur— ha alcanzado su etapa definitoria. El Gobierno de Argentina oficializó la preadjudicación del contrato de dragado y balizamiento al consorcio integrado por la empresa belga Jan De Nul y su socia argentina Servimagnus. La definición se inclinó a favor de este grupo luego de que la comisión evaluadora de la licitación internacional procesara las calificaciones de las ofertas técnicas.
De acuerdo con las precisiones provistas por el Ministerio de Economía de la Nación, las dos corporaciones finalistas precalificadas presentaron propuestas económicas sumamente similares. Sin embargo, la brecha de rendimiento en el plano técnico e industrial fue determinante: el binomio Jan De Nul–Servimagnus se alzó con una puntuación de 66.20 unidades, superando de forma holgada a su competidor europeo, el holding DEME NV, que cosechó 42.14 puntos. Con este resultado, el operador histórico del río Paraná se posiciona en la antesala de asegurar el control operativo de la ruta fluvial.
COMPROMISOS CORPORATIVOS Y EL EJE TECNOLÓGICO NORTEAMERICANO
El pliego adjudicado introduce obligaciones específicas destinadas a modernizar la gestión náutica y reducir las fricciones de costos que afectan la competitividad regional de los puertos. Entre las principales cláusulas técnicas refrendadas por el consorcio preadjudicado destacan:
- Eficiencia Tarifaria: Se garantizó un compromiso de reducción cercano al 15% en los costos globales de operación y mantenimiento de la vía hídrica.
- Autonomía Financiera: Las empresas firmantes certificaron bajo declaración oficial que la ejecución integral de las obras no dependerá de esquemas de financiamiento provenientes de gobiernos extranjeros.
- Seguimiento Satelital Avanzado: Se anunció la contratación directa de proveedores de tecnología de origen norteamericano con el objetivo de estructurar e implementar sistemas de última generación para el control y seguimiento del tránsito de buques y convoyes a lo largo de los 1.400 kilómetros concesionados.
CRONOGRAMA ADMINISTRATIVO E IMPUGNACIONES
Con la publicación del dictamen de preadjudicación, el concurso internacional ingresa en su última ventana de revisión institucional. La resolución gubernamental abre de manera formal un periodo administrativo de siete (7) días corridos para que las partes interesadas puedan presentar observaciones, impugnaciones o reclamos formales sobre los puntajes asignados. Las autoridades portuarias argentinas destacaron que, a diferencia de anteriores licitaciones complejas en la cuenca, durante todas las etapas previas del actual llamado no se registraron objeciones de carácter legal por parte de las firmas participantes.
FRENO JUDICIAL AL RECLAMO DE PARALIZACIÓN AMBIENTAL
En paralelo al avance administrativo de la licitación, el andamiaje legal del proyecto recibió un respaldo clave en los tribunales federales de la provincia de Santa Fe. El Juzgado Federal N.º 1 de Santa Fe rechazó una acción de amparo colectivo que había sido promovida por agrupaciones de defensa ambientalista y referentes sociales. La demanda civil buscaba congelar de forma preventiva el avance de los pliegos licitatorios hasta tanto el Estado argentino ejecutara una Evaluación de Impacto Ambiental Estratégica y Acumulativa sobre la totalidad de la cuenca del río Paraná.
En los fundamentos de su fallo, el tribunal santafesino desestimó el pedido de suspensión tras calificar a la Hidrovía Paraguay-Paraná como una pieza de infraestructura de carácter estratégico e indispensable para la supervivencia de la economía nacional. La resolución judicial determinó que cualquier medida cautelar orientada a paralizar íntegramente las obras de dragado o el curso de la licitación debe ser analizada con extrema prudencia, debido al severo impacto negativo que provocaría sobre las cadenas de suministro logísticas, la conectividad y el comercio exterior de los cinco países usuarios de la cuenca (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay).
