Mientras el sector privado y los gobiernos aceleran licitaciones para profundizar el calado, un frente de organizaciones ambientales, comunidades indígenas y asambleas ciudadanas denuncia el impacto irreversible sobre los humedales y la biodiversidad. El reclamo apunta a la falta de “licencia social” y exige una gestión del río que no sea vista únicamente como un canal de exportación de commodities.
La Hidrovía Paraná-Paraguay enfrenta una marea de resistencia desde las orillas. Este abril de 2026, las tensiones han escalado tras el anuncio de nuevos planes de dragado intensivo. Desde Agencia Tierra Viva se reporta una movilización federal que denuncia que el modelo actual prioriza el paso de buques de gran porte por sobre la salud del ecosistema fluvial.
Los manifestantes sostienen que la profundización constante del lecho altera la dinámica de sedimentación y afecta el flujo hídrico, lo que puede representarse técnicamente mediante la ecuación de continuidad:
Al modificar artificialmente el área $A$ para permitir el paso de buques con mayor calado, se generan alteraciones en la velocidad y la erosión de las costas, impactando directamente en las economías regionales de pesca artesanal y en la recarga de los acuíferos. El movimiento reclama que el río sea declarado sujeto de derechos y que se detenga la “privatización de hecho” de la vía navegable, exigiendo estudios de impacto ambiental transfronterizos que sean vinculantes y transparentes.
Desde la perspectiva de Mundo Fluvial Marítimo, analizamos el riesgo operativo:
- Riesgo de Licencia Social: La falta de consenso con las comunidades ribereñas puede derivar en bloqueos de puertos o demoras judiciales que afecten la previsibilidad de los contratos de dragado.
- Sostenibilidad vs. Competitividad: El sector debe integrar criterios de ESG (Ambiental, Social y Gobernanza) para asegurar que las obras de infraestructura no sean frenadas por amparos ambientales.
- Imagen del Sector: La percepción de la Hidrovía como un “enclave extractivista” daña la marca país y la reputación de las empresas navieras ante organismos de crédito internacional que exigen estándares de sostenibilidad.
