A pesar de las impugnaciones cruzadas entre las corporaciones competidoras y de las advertencias formales emitidas por los organismos de control técnico e investigación administrativa, el órgano concedente confirmó que la apertura de las propuestas económicas y la evaluación de los pliegos de bases para el río Paraná siguen adelante. La determinación oficial responde a la urgencia de dotar de un operador definitivo de largo plazo a la ruta hídrica, priorizando la continuidad de las tareas de dragado para evitar un impacto negativo en los costos del flete agroindustrial.
El proceso licitatorio para privatizar mediante el sistema de peajes el mantenimiento, profundización y balizamiento de la Vía Navegable Troncal (VNT) mantiene su curso legal y administrativo. Las comisiones evaluadoras dependientes de las carteras de transporte y de las agencias portuarias ratificaron que el calendario del concurso público internacional no sufrirá interrupciones ni suspensiones preventivas. Esta resolución se adopta en un escenario de alta tensión técnica, donde diversos sectores habían solicitado formalmente una revisión profunda o la paralización temporal de los pliegos debido a los cuestionamientos que pesan sobre el diseño de la convocatoria.
El núcleo de las controversias se centra en los dictámenes emitidos por los estamentos de fiscalización y las fiscalías de investigaciones administrativas. Dichas dependencias habían advertido de manera formal la existencia de supuestas inconsistencias en el pliego de condiciones, enfocando sus críticas en tres aspectos críticos: el acortamiento de los plazos técnicos para la formulación de ofertas competitivas por parte de firmas extranjeras, la presunta rigidez en los requisitos de habilitación de flotas que limitarían la libre concurrencia, y la falta de estudios actualizados de impacto ambiental de carácter integral sobre el lecho del río Paraná. No obstante, los dictámenes de los ministerios ejecutivos concluyeron que las observaciones pueden ser subsanadas de forma paralela al avance del concurso, sosteniendo que el interés público y la seguridad del comercio exterior exigen evitar cualquier tipo de vacío contractual o jurídico en la gestión operativa del río.
La decisión de dar continuidad al proceso se produce, además, en medio de una fuerte disputa corporativa entre los dos consorcios globales de origen belga que lideran la puja: Jan de Nul y DEME. Las impugnaciones técnicas presentadas entre ambas firmas durante la apertura de los primeros sobres regulatorios añadieron una capa de complejidad jurídica al trámite, forzando a los equipos técnicos a peritar minuciosamente las capacidades de succión de las dragas y el cumplimiento de las normativas de bandera. Desde las cámaras navieras y los gremios de la marina mercante se sigue con extrema atención este desarrollo, coincidiendo en que la prioridad fundamental es garantizar un canal navegable previsible y seguro, impidiendo que la judicialización del trámite administrativo derive en una pérdida de calado en los pasos críticos del corredor fluvial.
Desde la dirección técnica de Mundo Fluvial Marítimo, analizamos los factores operativos que justifican la continuidad del llamado:
- Riesgo de Paralización del Dragado: Interrumpir el proceso licitatorio obligaría a extender esquemas de contratación provisionales de corto plazo. Esto limita la llegada de equipos pesados modernos y expone al sistema a una pérdida de profundidad ante eventuales bajantes estacionales.
- Previsibilidad en los Costos de Flete: Las líneas marítimas internacionales y los armadores de barcazas requieren conocer con certeza el modelo tarifario del peaje futuro. Continuar con el cronograma acorta los periodos de incertidumbre comercial en la cuenca.
- Seguridad y Balizamiento: La renovación del contrato incluye la modernización tecnológica de las señales de navegación nocturna. Postergar la adjudicación dilata la implementación de sistemas inteligentes que reducen el riesgo de siniestros navales.
