Giro jurídico en Perú: Fallo judicial limita la supervisión estatal en el Megapuerto de Chancay, operado por capitales chinos
Una resolución del Poder Judicial peruano restringe las facultades de fiscalización de la Autoridad Nacional Portuaria (ANP) sobre la terminal operada por Cosco Shipping, sentando un precedente sobre la autonomía de las inversiones estratégicas en la región.
El escenario portuario en el Pacífico sur ha registrado un movimiento legal de alto impacto. Un reciente fallo judicial en Perú ha determinado limitaciones significativas a la capacidad de supervisión directa del Estado sobre el Megapuerto de Chancay, una infraestructura clave financiada y operada mayoritariamente por la empresa estatal china Cosco Shipping Ports. La sentencia surge tras una controversia legal sobre el alcance de las regulaciones nacionales frente a los términos de exclusividad otorgados inicialmente al consorcio.
Autonomía operativa y seguridad jurídica
El fallo judicial se centra en la validez de las cláusulas de exclusividad de servicios que el Estado peruano otorgó a la operadora china. Según la resolución, ciertos mecanismos de supervisión estatal que buscaban abrir servicios a terceros o regular tarifas de manera externa contravendrían los acuerdos de inversión originales. Para los defensores de la medida, esto representa una victoria de la seguridad jurídica, garantizando que las condiciones bajo las cuales se comprometieron miles de millones de dólares se mantengan inalteradas.
Preocupaciones sobre la gobernanza portuaria
Desde la perspectiva de Mundo Fluvial Marítimo, esta decisión genera un intenso debate sobre la soberanía y el control de infraestructuras críticas. Los detractores del fallo argumentan que limitar la fiscalización de la Autoridad Nacional Portuaria (ANP) podría debilitar la capacidad del Estado para garantizar la libre competencia y supervisar estándares de seguridad operativa en un nodo que conectará directamente a Sudamérica con el mercado asiático.
Impacto en el eje logístico del Pacífico
Chancay está llamado a ser el principal “Hub” del Pacífico sur, capaz de recibir buques de más de 18.000 TEUs. Este fallo no solo afecta la relación bilateral Perú-China, sino que envía una señal a otros inversores globales sobre el marco legal de las concesiones portuarias en la región. Mientras las obras avanzan hacia su fase final en este 2026, la gobernanza de este puerto estratégico seguirá bajo el escrutinio internacional, equilibrando la necesidad de atraer capital extranjero con la responsabilidad estatal de control.
